La indignación no es suficiente: exijamos el cumplimiento de la ley
La Frater ante el Día Internacional de las Personas con Discapacidad
Sin negar los avances logrados en el establecimiento de una sociedad inclusiva donde las personas con discapacidad puedan vivir como ciudadanas de pleno derecho, una vez más, la celebración del Día Internacional, se reviste con carácter reivindicativo puesto que, a pesar de los logros alcanzados en la expresión jurídica y legislativa, queda un amplio camino por recorrer hasta lograr una normalización social que equipare a las personas con discapacidad con el mismo grado de dignidad social que al resto de ciudadanos.
Un claro ejemplo lo representa la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/2013 que establece que el próximo día 4 de diciembre todos los productos, bienes, entornos y servicios tienen que ser accesibles. Una fecha que desluce la celebración festiva del día 3 ya que, en estos momentos, es realmente imposible su cumplimiento debido a las grandes carencias que, en accesibilidad universal, quedan patentes en todos y cada uno de los requerimientos que el Real Decreto establece.
Cada carencia en accesibilidad supone un grave impedimento para que una persona con discapacidad pueda desarrollar su vida en un entorno normalizado, así, después de esa fecha aún tendremos que experimentar la indignidad que supone tener que pedir ayuda para utilizar un cajero automático; para repostar combustible en una gasolinera; o mirar la calle desde la ventana cuando nuestra vivienda se convierte en una cárcel porque no cabe la silla de ruedas en el ascensor si es que existe.
Ante este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, no basta con la simple manifestación de sentimientos de indignación. Debemos ejercer nuestra presencia social exigiendo el cumplimiento de las leyes que amparan nuestra no discriminación y, para ello, es imprescindible formular y establecer una ley de infracciones y sanciones que garantice el establecimiento definitivo de la Accesibilidad Universal. Sólo de esta manera podrá implicarse toda la sociedad en la tarea común de lograr una sociedad verdaderamente inclusiva para todos y cada uno de sus miembros.
La exigencia de nuestros derechos nos impele a todas las personas con discapacidad en la defensa de la aplicación de esta ley, que precisaría de una actitud de exigencia, proactiva, de denuncia o, en su caso, de boicot hacia las entidades públicas o privadas que no cumplan los parámetros contemplados tanto en la ley como en los fundamentos que la impulsaron, derivados de la necesidad de promover, proteger y asegurar los derechos de las personas con discapacidad. Para ello, tener en consideración la Convención Internacional para las Personas con Discapacidad ya que, ésta, supone un cambio en el enfoque de las políticas sobre discapacidad, superando definitivamente la perspectiva asistencial para abordar otra basada en los derechos humanos.
Por ello, necesitamos políticas de accesibilidad e inclusión reales, que pongan a la persona con discapacidad en el centro de las medidas a adoptar, y que cuenten con su experiencia y capacidad. Una accesibilidad inclusiva para que las personas con discapacidad puedan alcanzar una educación y una formación adecuada, una integración en el ámbito laboral, de la vivienda, las relaciones sociales y de redes, en el transporte y la comunicación.
Asumamos pues, la fecha del 4D, como punto de partida para perseguir el derecho irrenunciable a la igualdad, la normalización y la dignidad de las personas con discapacidad.
Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad
Madrid, 3 de diciembre de 2017
